Una de las preguntas que nos plantean nuestros clientes en el momento de liquidar la sociedad de gananciales tras el divorcio es si el Plan de Pensiones se ha de considerar privativo o ganancial.

Pues bien, conforme establece el artículo 1346.5 del Código Civil:

“Son privativos de cada uno de los cónyuges:

5. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos”.

La doctrina jurisprudencial, señala que, en materia de planes de pensiones, la pensión o el capital son privativos, al resultar de aplicación el artículo citado.

Por ello ha de concluirse que tal partida patrimonial no tiene carácter ganancial y sí privativo. El Tribunal Supremo declara que el derecho a cobrar estas prestaciones debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles.

Manifestado el carácter privativo de dicho Plan de Pensiones, hemos de analizar ahora, qué ocurre con las cantidades aportadas a dicho Plan mientras ha estado vigente la sociedad de gananciales.

Las cantidades aportadas al plan, constante la sociedad legal de gananciales, deben ser reembolsadas a ésta, en tanto se presumen realizadas con dinero de carácter ganancial, salvo prueba en contrario, y en consecuencia, deberán ser reembolsadas al momento de la liquidación.

De esta forma, el titular del plan de pensiones reembolsará a la sociedad de gananciales el importe aportado por ésta durante el matrimonio; existe por tanto, un crédito de la sociedad de gananciales, cuyo importe debe comprender el valor actualizado de las cantidades pagadas durante la sociedad de gananciales.

Existe una excepción a lo establecido anteriormente respecto de los Planes de pensiones del sistema de empleo, que se consideran incentivos que la empresa da a sus empleados de forma gratuita.

Se trata de una prestación económica a favor del trabajador, que no produce un incremento de su patrimonio, sino que pasan a formar parte de un fondo de pensiones que será gestionado por un tercero, de manera que los partícipes no tienen ningún control sobre las cantidades integradas en el correspondiente fondo, se aportan directamente por la empresa para la que trabajan normalmente por beneficios fiscales y ellos no tienen ni acceso ni control sobre esas aportaciones.

En estos casos, tanto el Plan de Pensiones como las propias aportaciones realizadas por la empresa, tendrán la consideración de privativas y por tanto, ningún reembolso habrá de realizarse a la sociedad de gananciales.

Para cualquier consulta o aclaración, no dude en contactar con nosotros en www.cyafamilia.com o al teléfono 968.24.48.35.

En este caso hablamos de la Pensión Compensatoria en un supuesto en el que el régimen económico matrimonial ha sido el de Separación de bienes y no hay desequilibrio entre los cónyuges.

 «Renuncia a Pensión Compensatoria, Deudas personales e Indemnización por Régimen de Separación de Bienes.- Ambas partes manifiestan y expresamente consienten en renunciar a cualquier tipo de pensión compensatoria por desequilibrio que por cualesquiera circunstancias pudiera corresponderles como consecuencia del matrimonio habido entre ambos; igualmente expresamente se renuncia por parte de ambos a cualesquiera compensaciones o indemnizaciones de cualquier tipo que pudiera corresponder a cualquiera de ellos por ocasión del régimen económico matrimonial de separación de bienes por el que se ha regido su matrimonio (1438CC); y de igual modo ambas partes dan por extinguidos cualesquiera créditos entre ellos que por cualesquiera conceptos se hubieran podido ocasionar a lo largo del matrimonio, manifestando nada tener que reclamarse por ninguno de los conceptos anteriormente indicados .»

 El presupuesto necesario tanto hoy como en sus inicios para valorar la oportunidad de fijar o no Pensión Compensatoria sigue siendo el desequilibrio económico, concepto jurídico indeterminado que hay que poner en relación con las restantes obligaciones o cargas familiares a las que deben hacer frente los miembros de la extinta pareja, sobre todo cuando existen menores implicados.

Dice la STS de 4 de diciembre de 2012: «…por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad  legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial…».

 En este supuesto ambos cónyuges han trabajado durante el matrimonio y no existe una dedicación de uno de ellos a la familia con merma sustancial de su capacidad profesional. Por tanto, ambas partes manifiestan expresamente que no existe derecho a favor de ninguno de ellos para fijar una pensión compensatoria, y para el caso de que existiese, ambos renuncian al mismo.

 Teniendo en cuenta que en este supuesto el régimen económico que ha regido durante el matrimonio ha sido el de separación de bienes, en nuestra Cláusula se renuncia igualmente a la cualquier compensaciones o indemnizaciones de cualquier tipo que pudiera corresponder a cualquiera de ellos por ocasión de dicho régimen.

Lo que el artículo 1438 CC pretende proteger es una situación en la que uno de los cónyuges ha dedicado su matrimonio al cuidado de la familia pero no tiene el goce de los bienes o ganancias habidas durante el matrimonio dado que su matrimonio no se regía por la sociedad de gananciales.

Como ya hemos puesto de manifiesto en distintos post, cada familia es un mundo y cada situación debe ser valorada individualmente, por eso, contacta con nuestro despacho al teléfono 968244835, al móvil 609889700 o visita nuestra página www.cyafamilia.com

Reproducimos en este post el contenido exacto de la cláusula del Convenio Regulador que en nuestro despacho usamos como orientación para nuestros clientes en su primera entrevista con nosotros. En este caso hablamos de los gastos extraordinarios, que suele ser común para supuestos de guarda y custodia exclusiva y compartida.

 «Gastos extraordinarios.- Ambos progenitores acuerdan que por lo que respecta a los gastos extraordinarios que se pudieran generar en un futuro por parte del hijo del matrimonio, serán satisfechos por mitad entre ambos progenitores.

 Se entenderán por gastos extraordinarios todos aquellos que salen de lo común y que no sean previsibles a la firma del presente Convenio, ni se produzcan con cierta periodicidad.

El concepto de gasto extraordinario indeterminado, inespecífico, y su cuantía líquida por su propia naturaleza necesitará ser predeterminada y objetivada en cada momento. 

El progenitor que identifique la existencia de un gasto extraordinario, lo comunicará de inmediato al otro progenitor, justificándolo documentalmente, en la medida de lo posible. En caso de silencio o aceptación del gasto extraordinario, se procederá a la reclamación de la parte que le corresponda al otro progenitor. En caso de que exista oposición o negación por parte del otro progenitor, cualquiera de las partes deberá acudir al Juez para que éste decida según el foro si se trata o no de un gasto extraordinario, y posteriormente se procederá a su reclamación. 

Disconformidad.- Caso de que el progenitor no estuviera conforme con alguno algunos de los gastos presentados por el otro progenitor se lo hará saber a éste al objeto de tratar de solucionar el tema sin acudir al auxilio judicial». 

En este cláusula se establece la forma que suele ser más habitual en la que se satisfarán los gastos extraordinarios de los hijos, abonándose por mitad entre ambos progenitores.

Sin embargo, existen supuestos en los que, a la vista de las diferencias entre las capacidades económicas de los progenitores, se establecen porcentajes diferentes (60% – 40%) a la hora de abonar dichos gastos extraordinarios; o, incluso supuestos en los que uno de los progenitores, por su especial situación económica, es el que asume el 100% de los mismos.

El concepto de gasto extraordinario implica necesariamente que el mismo será indeterminado, inespecífico y su cuantía necesitará ser predeterminada y objetivada en cada momento.

El sistema establecido por CyAFamilia es el siguiente: el progenitor que identifique la existencia de un gasto extraordinario, lo comunicará de inmediato al otro progenitor, justificándolo documentalmente, en la medida de lo posible.

En caso de silencio o aceptación del gasto extraordinario, se procederá a la reclamación de la parte que le corresponda al otro progenitor. En caso de que exista oposición o negación por parte del otro progenitor, cualquiera de las partes deberá acudir al Juez para que éste decida si se trata o no de un gasto extraordinario, y posteriormente se procederá a su reclamación.

Como son gastos que surgirán de forma repentina, no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de determinar, en su caso, la pensión de alimentos que, en su caso, corresponda a los hijos.

Ejemplos de gastos extraordinarios serán unas gafas para uno de los hijos, aparatos de dientes, viajes de estudios, etc… 

Como hemos manifestado en los anteriores post, cada situación familiar es distinta y en Carrión y Asociados adaptamos nuestros Convenios a las necesidades de cada una. 

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Cuestión fundamental es analizar el alcance del impago de la pensión de alimentos de los hijos, cuya obligación corresponde a uno de los progenitores en virtud de Sentencia.

Hemos de tener en cuenta y valorar el hecho de que no estamos ante un impago que dé lugar a una reclamación en vía civil, sino que el impago de la pensión de alimentos atribuida a los hijos traspasa el ámbito civil, recogiéndose como delito en nuestro Código Penal.

El delito de impago de pensiones alimenticias viene establecido en el art. 227.1 CP, disponiendo que: “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”

Esta norma jurídica tiene como finalidad evitar el incumplimiento reiterado y voluntario del pagador, valorándose una especial protección hacia los hijos menores y facilitando la obtención de dichas cantidades adeudadas.

Para que se produzca el acto delictivo, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1ª, número 185 de fecha 13 de febrero de 2001, establece que han de concurrir los siguientes requisitos:

I.- Que exista una resolución judicial firme (sentencia de divorcio, separación, nulidad matrimonial, filiación o alimentos) que fije y obligue a uno de los progenitores a abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos, que están a cargo del otro progenitor.

II.- Que haya una conducta omisiva y que dicho incumplimiento se produzca durante dos meses consecutivos o cuatro alternos.

III.- Que a pesar del conocimiento de la obligación de pagar, exista voluntariedad por parte del deudor para ese incumplimiento, es decir, omisión dolosa del pago.

El hecho de que el impago de la pensión de alimentos se haya incluido en el Código Penal viene determinado porque la pensión alimenticia de los hijos es prioritaria, y son los padres los obligados a prestar alimentos a los hijos menores, sin que sirva de excusa la separación, divorcio o nulidad matrimonial (art. 92 CC).

Para ejercitar esta acción penal será tribunal competente el del lugar de la comisión del hecho delictivo, es decir, el lugar donde deba producirse el pago a los hijos y no será necesario que haya precedido el ejercicio de la acción civil.

La acción penal puede ayudar a que el obligado al pago, que mantenía en un principio un pensamiento de no pagar, cumpla con la pensión establecida, no pudiéndose excusar en la crisis económica para incumplirla. Y ello porque podría verse con una sentencia condenatoria que incluso pueda llevar aparejada la privación de libertad.

Si efectivamente, concurren circunstancias que modifican las existentes al momento de fijarse la cuantía de la pensión de alimentos en favor de sus hijos, podrá solicitar la modificación de las medidas en su día acordadas, trámite legalmente establecido para este tipo de supuesto; pudiéndose solicitar dicha modificación tanto de mutuo acuerdo como de forma contenciosa. En modo alguno podrá actuar de facto, pagando la pensión de alimentos que estime o no pagando pensión de alimentos alguna a sus hijos.

El progenitor no custodio tiene que seguir pagando la pensión alimenticia hasta que haya una resolución judicial que diga lo contrario o que los hijos tengan recursos económicos propios. La pensión alimenticia no puede suspenderse porque el obligado al pago no tenga ingresos, en este caso debe instar ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó dicha pensión la modificación de la misma para su reducción, pero no para su suspensión o supresión.

Según lo establecido en el art. 131.1 CP el delito de impago de pensiones prescribe a los cinco años.

La sentencia será condenatoria para el acusado cuando se demuestra que podía pagar y no lo ha hecho, que ha existido una voluntariedad en ello y es consciente de su actitud; o cuando ha intentado ocultar su patrimonio.

En ningún caso, el hecho de que el progenitor se encuentre en desempleo puede ser pretexto para no pagar la pensión de alimentos, y ello por cuanto la pensión alimenticia de los hijos tiene carácter prioritario, y si posee algún bien, y carece de efectivo para hacer frente a la pensión, debe vender dicho bien y atender la obligación que tiene contraída.

Si embargo, siguiendo la línea establecida por la STS de 13 de febrero de 2001, en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida resulta inexistente la voluntariedad del impago, y con ello, la sentencia en estos supuestos sería absolutoria para el denunciado.

Para resolver ésta y otras dudas, visítanos www.cyafamilia.com y teléfono 968244835.

Uno de los temas que más dudas plantea entre nuestros clientes es ¿Qué ocurre con la que era la vivienda familiar en los supuestos en los que la guarda y custodia de los hijos se compartida?

El artículo 96 del Código Civil es el encargado de regular lo relativo a la vivienda familiar en situaciones de separación o divorcio:

«En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y lo restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente».

Obviamente, en situaciones de guarda y custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores, no existe duda alguna, se adjudicará el uso y disfrute de la vivienda familiar a dicho progenitor.

Sin embargo, cuando la guarda y custodia es compartida, no puede aplicarse dicho primer párrafo, debiendo acudir, por analogía, a lo dispuesto en el párrafo segundo del mismo artículo.

En supuestos de guarda y custodia compartida, el Juez resolverá lo procedente, analizando las circunstancias particulares de cada caso.

¿Qué puntos habrá de analizar el Juez para resolver lo procedente respecto de la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar?

El criterio que habrá de seguir el Juez para resolver esta situación es determinar si existe un interés más necesitado, una necesidad especial en alguno de los progenitores que haga el determinar el uso y disfrute a favor de uno de ellos y, en su caso, fijar una limitación temporal a dicho uso.

En ausencia de una previsión legal acerca de cómo debe atribuirse el uso de la vivienda familiar cuando se acuerde la custodia compartida, el Tribunal Supremo ha declarado que no procede la aplicación del primer párrafo del art. 96 CC, dado que los hijos no quedan en compañía exclusiva de uno de los progenitores y ha venido entendiendo que debe aplicarse por analogía el párrafo segundo del art. 96 CC del que resulta que, en defecto de acuerdo de los cónyuges, «el Juez resolverá lo procedente».

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, en casos de custodia compartida, es posible la atribución del uso de la vivienda a aquél de los progenitores que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda (no ser titular o disponer del uso de ninguna otra, menores ingresos) para que de esta forma pueda llevarse a cabo la convivencia durante los períodos en los que le corresponda tener a los hijos en su compañía.

La sentencia de 22 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo establece lo siguiente: Procede la estimación del motivo de acuerdo con el art. 96 del C. Civil, dado que adoptándose el sistema de custodia compartida, el hijo queda en compañía de ambos cónyuges, no constando que la madre precise de una protección especial, dado que la misma según manifiesta ella es secretaria de dirección en un Hospital y según el padre es profesora del colegio del menor y convive en la que era residencia familiar con su actual pareja. Es decir, la vivienda que fue familiar queda sin adscripción expresa dado que ambos padres tienen la custodia y no consta que la madre necesite una especial protección, así que quedará sometido el inmueble al correspondiente proceso de liquidación, en su caso, por lo que esta Sala fija un plazo prudencial a la demandada para desalojarlo de seis meses, la cual al oponerse al recurso ya manifestó que era su intención liquidar la sociedad de gananciales conforme al art. 1404 del C. Civil , para evitar más litigios.

Así, comprobamos que la doctrina del Tribunal Supremo es que, siempre que no exista una necesidad especial en alguno de los progenitores, el uso y disfrute de la vivienda habitual no será atribuida a ninguno de ellos en particular.

En otros supuestos, el criterio seguido por el Tribunal Supremo es otorgar el uso y disfrute de la vivienda familiar a uno de los progenitores estableciéndose un límite temporal al mismo, un plazo de dos años o hasta tanto se liquide la sociedad e gananciales, por ejemplo.

Así falla la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 2017 al establecer: El otorgar la custodia compartida por semanas produce como consecuencia la no aplicación de la doctrina jurisprudencial de atribución de la vivienda a quien se le concede la custodia. Por tanto, al estar acreditado que ambos perciben un salario, no consta la necesidad de que a la esposa se le conceda el uso de la vivienda familiar sine die, por lo que de acuerdo con el art. 96.2 CC , aplicado analógicamente, se fija un plazo de dos años durante el que la madre podrá hacer uso de la vivienda familiar, tras el que deberá abandonarla, salvo pacto entre las partes.

Analizado lo anterior, comprobamos que, respecto de la vivienda familiar en supuestos de custodia compartida, el Juez resolverá atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. El fundamento de dicho criterio será si existe o no una necesidad especial en alguno de los progenitores que determine la atribución del uso a su favor, y en su caso, si ese uso debe quedar o no limitado en el tiempo.

Como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores post, cada familia es un mundo y por ello, cada separación o divorcio, también lo son.

Para resolver tus dudas, visítanos www.cyafamilia.com, teléfono 968244835.

Leyendo un libro muy interesante este verano, encontré este Test para valorar el grado de pasión en tu matrimonio. Si consigues 9 o más puntos, perfecto; si no, visita cyafamilia.com.

1. Disfrutamos haciendo juntos pequeñas cosas, como doblar la colada o ver la televisión.
2. Tengo ganas de pasar mi tiempo libre con mi pareja.
3. Al final de la jornada mi pareja se alegra de verme.
4. Mi pareja interesarse por mis puntos de vista.
5. Disfruto charlando con mi pareja.
6. Mi pareja es uno de mis mejores amigos.
7. Creo que mi pareja me considera un amigo íntimo.
8. Nos encanta charlar.
9. Cuando salimos juntos el tiempo pasa volando.
10. Siempre tenemos mucho que decirnos.
11. Nos divertimos mucho juntos.
12. Somos compatibles espiritualmente.
13. Tendemos a compartir los mismos valores básicos.
14. Nos gusta pasar tiempo juntos.
15. Tenemos muchos intereses en común.
16. Compartimos muchos sueños y objetivos.
17. Nos gusta hacer las mismas cosas.
18. Aunque nuestros intereses difieran en ciertos aspectos, disfruto de los intereses de mi pareja.

Aprovechamos el verano para estudiar asuntos relacionados con el Derecho matrimonial, es una etapa estupenda para estas cuestiones.

Uno de los libros que me ha llamado la atención es «Siete regla de oro para vivir en pareja» de John M. Gottman y Nan Silver.

Es un interesante libro que no habla de derecho ni de aspectos jurídicos del matrimonio, ni del divorcio, pero es muy interesante todo lo que en él se recoge sobre lo que tienen en común los matrimonios de éxito y cómo se puede hacer que un matrimonio pueda convertirse en un matrimonio de éxito. También se hace referencia a qué cuestiones hacen que un matrimonio no tenga más solución que su divorcio.

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