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Impago de la pensión de alimentos de los hijos.

septiembre 17th, 2018 Posted by Convenio Regulador, Divorcio, Matrimonio No Comment yet

Cuestión fundamental es analizar el alcance del impago de la pensión de alimentos de los hijos, cuya obligación corresponde a uno de los progenitores en virtud de Sentencia.

Hemos de tener en cuenta y valorar el hecho de que no estamos ante un impago que dé lugar a una reclamación en vía civil, sino que el impago de la pensión de alimentos atribuida a los hijos traspasa el ámbito civil, recogiéndose como delito en nuestro Código Penal.

El delito de impago de pensiones alimenticias viene establecido en el art. 227.1 CP, disponiendo que: “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”

Esta norma jurídica tiene como finalidad evitar el incumplimiento reiterado y voluntario del pagador, valorándose una especial protección hacia los hijos menores y facilitando la obtención de dichas cantidades adeudadas.

Para que se produzca el acto delictivo, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1ª, número 185 de fecha 13 de febrero de 2001, establece que han de concurrir los siguientes requisitos:

I.- Que exista una resolución judicial firme (sentencia de divorcio, separación, nulidad matrimonial, filiación o alimentos) que fije y obligue a uno de los progenitores a abonar una pensión alimenticia a favor de sus hijos, que están a cargo del otro progenitor.

II.- Que haya una conducta omisiva y que dicho incumplimiento se produzca durante dos meses consecutivos o cuatro alternos.

III.- Que a pesar del conocimiento de la obligación de pagar, exista voluntariedad por parte del deudor para ese incumplimiento, es decir, omisión dolosa del pago.

El hecho de que el impago de la pensión de alimentos se haya incluido en el Código Penal viene determinado porque la pensión alimenticia de los hijos es prioritaria, y son los padres los obligados a prestar alimentos a los hijos menores, sin que sirva de excusa la separación, divorcio o nulidad matrimonial (art. 92 CC).

Para ejercitar esta acción penal será tribunal competente el del lugar de la comisión del hecho delictivo, es decir, el lugar donde deba producirse el pago a los hijos y no será necesario que haya precedido el ejercicio de la acción civil.

La acción penal puede ayudar a que el obligado al pago, que mantenía en un principio un pensamiento de no pagar, cumpla con la pensión establecida, no pudiéndose excusar en la crisis económica para incumplirla. Y ello porque podría verse con una sentencia condenatoria que incluso pueda llevar aparejada la privación de libertad.

Si efectivamente, concurren circunstancias que modifican las existentes al momento de fijarse la cuantía de la pensión de alimentos en favor de sus hijos, podrá solicitar la modificación de las medidas en su día acordadas, trámite legalmente establecido para este tipo de supuesto; pudiéndose solicitar dicha modificación tanto de mutuo acuerdo como de forma contenciosa. En modo alguno podrá actuar de facto, pagando la pensión de alimentos que estime o no pagando pensión de alimentos alguna a sus hijos.

El progenitor no custodio tiene que seguir pagando la pensión alimenticia hasta que haya una resolución judicial que diga lo contrario o que los hijos tengan recursos económicos propios. La pensión alimenticia no puede suspenderse porque el obligado al pago no tenga ingresos, en este caso debe instar ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó dicha pensión la modificación de la misma para su reducción, pero no para su suspensión o supresión.

Según lo establecido en el art. 131.1 CP el delito de impago de pensiones prescribe a los cinco años.

La sentencia será condenatoria para el acusado cuando se demuestra que podía pagar y no lo ha hecho, que ha existido una voluntariedad en ello y es consciente de su actitud; o cuando ha intentado ocultar su patrimonio.

En ningún caso, el hecho de que el progenitor se encuentre en desempleo puede ser pretexto para no pagar la pensión de alimentos, y ello por cuanto la pensión alimenticia de los hijos tiene carácter prioritario, y si posee algún bien, y carece de efectivo para hacer frente a la pensión, debe vender dicho bien y atender la obligación que tiene contraída.

Si embargo, siguiendo la línea establecida por la STS de 13 de febrero de 2001, en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida resulta inexistente la voluntariedad del impago, y con ello, la sentencia en estos supuestos sería absolutoria para el denunciado.

Para resolver ésta y otras dudas, visítanos www.cyafamilia.com y teléfono 968244835.

¿Qué ocurre con la que era la vivienda familiar en los supuestos en los que la guarda y custodia de los hijos se compartida?

septiembre 3rd, 2018 Posted by Divorcio, Matrimonio No Comment yet

Uno de los temas que más dudas plantea entre nuestros clientes es ¿Qué ocurre con la que era la vivienda familiar en los supuestos en los que la guarda y custodia de los hijos se compartida?

El artículo 96 del Código Civil es el encargado de regular lo relativo a la vivienda familiar en situaciones de separación o divorcio:

«En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y lo restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente».

Obviamente, en situaciones de guarda y custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores, no existe duda alguna, se adjudicará el uso y disfrute de la vivienda familiar a dicho progenitor.

Sin embargo, cuando la guarda y custodia es compartida, no puede aplicarse dicho primer párrafo, debiendo acudir, por analogía, a lo dispuesto en el párrafo segundo del mismo artículo.

En supuestos de guarda y custodia compartida, el Juez resolverá lo procedente, analizando las circunstancias particulares de cada caso.

¿Qué puntos habrá de analizar el Juez para resolver lo procedente respecto de la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar?

El criterio que habrá de seguir el Juez para resolver esta situación es determinar si existe un interés más necesitado, una necesidad especial en alguno de los progenitores que haga el determinar el uso y disfrute a favor de uno de ellos y, en su caso, fijar una limitación temporal a dicho uso.

En ausencia de una previsión legal acerca de cómo debe atribuirse el uso de la vivienda familiar cuando se acuerde la custodia compartida, el Tribunal Supremo ha declarado que no procede la aplicación del primer párrafo del art. 96 CC, dado que los hijos no quedan en compañía exclusiva de uno de los progenitores y ha venido entendiendo que debe aplicarse por analogía el párrafo segundo del art. 96 CC del que resulta que, en defecto de acuerdo de los cónyuges, «el Juez resolverá lo procedente».

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, en casos de custodia compartida, es posible la atribución del uso de la vivienda a aquél de los progenitores que por razones objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda (no ser titular o disponer del uso de ninguna otra, menores ingresos) para que de esta forma pueda llevarse a cabo la convivencia durante los períodos en los que le corresponda tener a los hijos en su compañía.

La sentencia de 22 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo establece lo siguiente: Procede la estimación del motivo de acuerdo con el art. 96 del C. Civil, dado que adoptándose el sistema de custodia compartida, el hijo queda en compañía de ambos cónyuges, no constando que la madre precise de una protección especial, dado que la misma según manifiesta ella es secretaria de dirección en un Hospital y según el padre es profesora del colegio del menor y convive en la que era residencia familiar con su actual pareja. Es decir, la vivienda que fue familiar queda sin adscripción expresa dado que ambos padres tienen la custodia y no consta que la madre necesite una especial protección, así que quedará sometido el inmueble al correspondiente proceso de liquidación, en su caso, por lo que esta Sala fija un plazo prudencial a la demandada para desalojarlo de seis meses, la cual al oponerse al recurso ya manifestó que era su intención liquidar la sociedad de gananciales conforme al art. 1404 del C. Civil , para evitar más litigios.

Así, comprobamos que la doctrina del Tribunal Supremo es que, siempre que no exista una necesidad especial en alguno de los progenitores, el uso y disfrute de la vivienda habitual no será atribuida a ninguno de ellos en particular.

En otros supuestos, el criterio seguido por el Tribunal Supremo es otorgar el uso y disfrute de la vivienda familiar a uno de los progenitores estableciéndose un límite temporal al mismo, un plazo de dos años o hasta tanto se liquide la sociedad e gananciales, por ejemplo.

Así falla la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 2017 al establecer: El otorgar la custodia compartida por semanas produce como consecuencia la no aplicación de la doctrina jurisprudencial de atribución de la vivienda a quien se le concede la custodia. Por tanto, al estar acreditado que ambos perciben un salario, no consta la necesidad de que a la esposa se le conceda el uso de la vivienda familiar sine die, por lo que de acuerdo con el art. 96.2 CC , aplicado analógicamente, se fija un plazo de dos años durante el que la madre podrá hacer uso de la vivienda familiar, tras el que deberá abandonarla, salvo pacto entre las partes.

Analizado lo anterior, comprobamos que, respecto de la vivienda familiar en supuestos de custodia compartida, el Juez resolverá atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. El fundamento de dicho criterio será si existe o no una necesidad especial en alguno de los progenitores que determine la atribución del uso a su favor, y en su caso, si ese uso debe quedar o no limitado en el tiempo.

Como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores post, cada familia es un mundo y por ello, cada separación o divorcio, también lo son.

Para resolver tus dudas, visítanos www.cyafamilia.com, teléfono 968244835.

 

 

 

 

 

 

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